Hace unas semanas la
Virgen de los Peligros de Murcia fue objeto del entrenamiento de algún anónimo lanzador de martillo que
no tuvo mejor ocurrencia que arrojar contra la hornacina desde la que preside el Puente Viejo (o de los Peligro) un objeto contundente que rompió el cristal y dañó la imagen policromada en la ceja. El peso (2 kilos) del martillo y la altura a la que se encuentra a Virgen hacen suponer que el anónimo iconoclasta no es precisamente un chichipán. Algunos lo consideraron un acto vandálico más, otros comentaban por lo bajo que "en la República las cosas empezaron así".
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Amparándose el letrado José Luís Mazón en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que se obliga a retirar los crucifijos de las aulas de los centros de educación de titularidad pública para salvaguardar la aconfesionalidad del Estad español, se pretende que el Cristo erigido en 1951 sobre lo restos del castillo de Monteagudo desaparezca.
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Casualmente la titularidad del emplazamiento hace solo un año que ha dejado de ser privada pasando a depender en la actualidad del Estado central, con lo que la demanda se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Madrid dirigiéndose contra el Ministerio de Hacienda, a quien hace 20 días se le solicitó que retirara la escultura colosal de 20 metros de altura (el sin duda
más espectacular Cristo Redentor del Corcovado en
Río de Janeiro, erigido en 1931, tiene 30 metros de altura). Actualmente el Ayuntamiento de Murcia se encuentra negociando hacerse cargo de la titularidad del monumento pero supeditando el traspaso a que se produzca una dotación presupuestaria con la que poder afrontar la restauración del ruinoso castillo.
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Lógicamente esta demanda se produce en el momento en que el Estado es el responsable del lugar donde tiene lugar la (con perdón) erección del monumento de claro simbolismo religioso, a un particular (de momento) no se le puede exigir la retirada de símbolos religiosos externos que tenga en su propiedad... aunque todo puede pasar cuando expertos leguleyos se entretienen disfrutar de la tripodología felina legal.
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Porque
entre otros pasatiempos jurídicos, el abogado inspirador de la causa anti-monteagudina tiene en su haber hitos de tan variopinta condición tales como investigar si el presidente Aznar usó dinero público para promover que se le concediera la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos de América o si el aún juez (en el momento de escribir esto sigue siéndolo) Garzón obtuvo de forma ilícita fondos aportados por el Banco de Santander (a cuyo presidente, señor Botín, luego absolvió en un procedimiento que encausaba, en lugar de haberse abstenido) para marcarse unos muchimilonarios cursos en Niuyór.
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También ha estado este letrado detrás de denuncias tan curiosas o peregrinas como pretender anular las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 porque no había papeletas en blanco, conculcándose en su opinión el derecho a votar en blanco, o la denuncia al PSOE por publicidad engañosa por no cumplir sus promesas electorales en las elecciones generales del año 2004. Estas luchas en foro, que en ocasiones enfangan tanto como las luchas en barro, le proporcionan desiguales resultados, debiendo envainársela cuando se dirige contra el polémico jue Gómez Bermúdez cuando este no permite que en su sala permanezca una abogada cubierta con el pañuelo islámico, pero consigue que el Tribuna Constitucional al menos estudie su solicitud para que los documentos que solicita en un asunto tramitado ante un juzgado de Vic se le faciliten en español (y no en catalán) y que además el coste de la traducción no corra de su cuenta.
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En ocasiones la Justicia tiene esto versos sueltos, imprevisibles en su formulación y en sus resultados finales, y que pueden hacer saltar liebres contradictorias, como otro de sus célebres (y mediáticos) procesos, el que se ha saldado con la condena por prevaricación al juez Fernando Ferrín Calamita.
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En ese supuesto un juez, por decirlo suavemente, "peculiar" ha dejado de serlo por haber retrasado SEIS MESES un trámite en medio de un proceso de adopción de una niña por parte de la pareja lesbiana de su madre biológica, con la que estaba casada. Quizá los pecados del, como digo, peculiar juez Ferrín Calamita y su particular visión de la vida y la religión se merezcan otro tipo de juicios, pero sinceramente, en un país en el que más que hablar de la marcha de la Justicia se debería hablar del cansino arrastrar de pies de plomo de la misma, lograr convertir en un circo de corrección política y persecución a las ideas religiosas de un juez lo que simplemente es un retraso de 6 meses hace pensar que el proceso contra el Cristo de Monteagudo terminará siendo una corrala en la que ventilar cuestiones ajenas totalmente al fondo de la cuestión.
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Nos quedaríamos solos si hubiera que sacar de la carrera judicial a todos los jueces que retrasan más de 6 meses alguno de los trámites que se siguen en sus Juzgados, cuando en el preciso momento en que escribo esto un compañero de despacho le comenta por teléfono a un abogado que tenemos demandas presentadas Y SIN ADMITIR a trámite desde el año DOS MIL OCHO en varios Juzgados de la Región. Por no hablar de escrito sin proveer durante meses y meses y meses.
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Insisto, si alguien tan curtido en lo que más de un conocido denomina "demandas Ally McBeal", por lo espectacular del planteamiento y hueco de sentido, es capaz de conseguir resultados tan contundentes, yo de mis queridos vecinos de Monteagudo empezaba a pensar en comprarle a la Administración el sitio donde se yergue el Cristo a ver si al constituir propiedad privada les dejan tranquilos.
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Diría que se pusieran a rezar, pero es que igual es peor y les acusan de socavar la aconfesionalidad constitucional y de ofender a los no creyentes. Por lo visto a los creyentes da igual ofendernos, total, como ponemos la otra mejilla...
